La Expropiación.

Un paso democratizador y soberano

 

Con la firma del decreto de intervención a Vicentín S.A. y el proyecto de expropiación que se enviará al Congreso para su aprobación, el gobierno nacional ha dado un paso muy importante en la recuperación para el país, de una empresa exportadora y productora de alimentos.

No es novedoso en la historia económica y política de nuestro país, el manejo fraudulento que ciertos grupos agroexportadores hacen a través de la subfacturación, la fuga de divisas, el contrabando a países limítrofes, la evasión de impuestos y la  retención de cosechas con la consecuente presión para la devaluación del peso, y su consiguiente repercusión sobre los precios internos, que estas maniobras traen.

Vicentín es un ejemplo de ello. Su deuda de más de 1.500 millones de dólares que incluye a más de 2500 pequeños y medianos productores proveedores de granos, al Banco Nación, al fisco y a otros bancos públicos y del exterior y su súbita declaración de insolvencia y convocatoria de acreedores, muestra a las claras el accionar de estos grupos.

Si hacemos un ejercicio de investigación sobre los orígenes de Vicentin, con seguridad nos encontraríamos ante escenarios de nuestra historia reciente y no tanto, que mostrarían a otra “Gran empresa argentina” que ha vivido y se ha desarrollado gracias al esfuerzo de todos los argentinos y las argentinas. Vicentin es otra muestra de cómo los gobiernos de facto y anti populares han sido títeres de los intereses de grandes terratenientes y “empresarios” que se enriquecieron a expensas del Estado Nacional y/o Provincial.

Por nombrar solo algunos de los hechos más pintorescos, podemos señalar el regalo que le hiciera la dictadura de Onganía en la década del 60´ de miles de hectáreas de campo y tierras fiscales al norte de la provincia de Santa Fe para desarrollar su plantación algodonera; que en 1979 la dictadura cívico-militar de Videla, le otorga el manejo del puerto de aguas profundas del rio Paraná en Ricardone y que en 1982 con la estatización de la deuda privada, Vicentín recibe otro regalo del Estado, por 2 millones de dólares.

Durante el gobierno de la Alianza Cambiemos y la aparición de los “Panamá Papers” vimos como estos “grandes empresarios nacionales” fugaban cientos de millones de dólares hacia paraísos fiscales.

Ahora, volviendo a los motivos de la intervención y a los fundamentos que justifican su utilidad pública para su posterior expropiación, no podemos olvidar tampoco, que la empresa Vicentin, contrajo deudas millonarias gracias a los “favores” otorgados por la banca pública, durante el gobierno de Mauricio Macri; dinero que hoy podría utilizarse para establecer líneas de créditos blandos y a tasas subsidiadas; a Pymes y grandes empresas, que debido a la pandemia de Covid19 y a la crisis económica que generó, realmente están en riesgo de quebrar.

A veces pareciera, que para algunos medios de comunicación, la Constitución Nacional es “Inconstitucional”; por eso, hagámosle caso a Alberto, y leamos el art 17 de nuestra Constitución, que versa:

“La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y peviamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.”

Y la ley 21499 de expropiación, regula en forma detallada los mecanismos para llevarla a la práctica. (Lo llamativo, que ésta, es una ley impuesta por la última dictadura y su famosa “C.A.L.”, pero ese es tema de otra discusión). Con lo cual en la medida que el Poder Ejecutivo cumpla con los preceptos estipulados en la ley y la Constitución, no se estaría apartando ni un milímetro de la letra Constitucional.

Recordemos que Vicentín le debe solo al Banco Nación (el banco de todos los argentinos) más de 300 millones de dólares, y que un poco más de un tercio (U$S 105,5 millones) el banco se los otorgó entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019 después de las elecciones presidenciales de octubre y en una aparente connivencia con las autoridades salientes del banco. Y que durante las fechas comprendidas entre el 24/12 del 2019 y el 5/1 del 2020 vació sus cuentas, aparentemente de manera fraudulenta, haciendo desaparecer los fondos, en detrimento de la empresa y sus acreedores (que suman créditos verificados por más de 1000 millones de dólares), incluyendo al Banco Nación, bancos públicos y privados y a miles de pequeños y medianos productores de granos de nuestro país.

La quiebra de esta empresa, no solo pone en alto riesgo un porcentaje importante de productores agrícolas y varios pueblos que viven del negocio de producción, venta y exportación de granos  generado por las empresas como Vicentin, dueña y controlante de un número importante de empresas productoras de alimentos para el mercado interno. Exactamente, 5.628 familias dependen de manera directa de Vicentín.

Vicentín representa el 10% de las ventas al exterior del mercado agroindustrial por lo que su situación y posible quiebra, también pone al país en riesgo, de que una de las principales empresas agroexportadoras quede coptada por fondos de inversión extranjeros; que no tendrían ningún intención de cuidar los intereses alimentarios de la nación. He aquí uno de los fundamentos de la utilidad pública, la Soberanía Alimentaria.

De Vicentín viven de manera directa e indirecta unas 30.000 familias argentinas, en su mayoría santafesinas, que ante la inminente sentencia de quiebra, de una empresa vaciada de manera fraudulenta, quedarían en la calle. He aquí otro de los fundamentos de la utilidad pública, el sostenimiento del mercado cerealero argentino.

No nos cabe la menor duda de que la quiebra y desaparición de esta compañía,  tendría efectos muy negativos en materia laboral, comercial, económica y social. Y así, más fundamentos de la utilidad pública.

La expropiación de Vicentín, permitirá al Estado, junto a cooperativas de productores agrarios y trabajadores jugar un rol importante a la hora de las decisiones en materia de agro alimentos y de exportaciones.

Preconizamos por eso que conlleve la creación de una gran empresa mixta agroexportadora, conjuntamente con las cooperativas agroexportadoras, AFA (Agricultores Federados Argentinos), vinculada a la FAA (Federación Agraria Argentina), y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), vinculada a Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria). De hacerse y adecuadamente conducida, podría rápidamente liderar en volumen y valor, el sector.

Así, la intervención del Estado permitiría avanzar hacia la participación de las cooperativas de productores y de los trabajadores en la gestión y resultados de la nueva empresa, y en la gestión estratégica de una actividad de enorme relevancia en nuestra economía.  La exportación de agrocomestibles es la principal fuente de divisas del país, dentro de la cual Vicentín representa aproximadamente el 10% del total y su facturación permitirá generar un nuevo escenario en este importante sector para la economía del país:

a) Provisión de dólares al Estado, resultado directo de sus exportaciones.

b) Ejemplo paradigmático para los otros grupos participantes, en lo que hace a la liquidación de cosechas.

c) Transparentar las transacciones, evitando la evasión impositiva, conservando la recaudación e incrementando los ingresos públicos.

d) Avanzar hacia la soberanía alimenticia. Figura que no es retórica, sino que tiene que ver con el hecho de que dicha soberanía no se obtiene por el simple hecho de ser un país productor de alimentos para 400 millones de personas, sino con el precio que dichos alimentos tienen para el pueblo argentino. Desdoblar el precio internacional a través de las retenciones persigue esa finalidad. Pero romper el núcleo de los que abastecen de alimentos al pueblo, tendrá una importancia fundamental.

Y como manifiesta en su comunicado la Federación de Trabajadores de Oleaginosos y afines “(…)Vicentín es una empresa que en manos del Estado tendrá un rol fundamental para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos, importancia que se acrecienta en el marco de la Emergencia Sanitaria.”

Todas estas transformaciones necesitan y deben tener el acompañamiento del Movimiento Obrero Organizado y de las organizaciones  populares;  por ello, los convocamos a apoyar e involucrarse en un movimiento de respaldo en favor de esta decisión estratégica del gobierno.

 

Gerardo Codina

Rodrigo de Echeandía

Sobre El Autor

Rodrigo de Echeandía es abogado, con especialización en Negociación Colectiva y Empleo Público. Es Psicólogo social y Operador en salud mental. Sirvió en la Cruz Roja como Coordinador General de Juventud de la Dirección General de Juventud. Responsable de formación de jóvenes dirigentes y Coordinador de Programas. De 1995 a 2005 formó parte del Centro de Investigación de la Biblioteca Nacional. Como miembro de la Unión del Personal Civil de la Nación- UPCN-, fue Secretario General de la Delegación del Ministerio de Cultura entre 1999-2011 y Secretario de Comunicaciones, Publicaciones e Impresión de la Seccional Capital entre el 2010 y el 2018. Desde 2005 hasta la fecha cumple funciones en el INCAA- Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales- hasta el 2009 como Dictaminante en Gerencia de Jurídicos, luego como Asesor de Presidencia hasta el 2013 y desde entonces como asesor de Gerencia General. En el ejercicio liberal de la profesión de abogado ofrece asesoramiento profesional a Sindicatos y Federaciones.

Artículos Relacionados

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

Ir a la barra de herramientas