El sistema de vacunación contra el Covid-19, en la Ciudad de Buenos Aires, parece ser organizado por gente sin criterio, o lo que es peor, por mentes perversas. Resulta inexplicable que se le dé prioridad a los veterinarios, mientras se les niega el derecho a los enfermos. Cuál sería el fundamento ético-jurídico que inspira a los funcionarios en la toma de decisiones, cuando generan nichos de privilegios al privatizar funciones indelegables en materia sanitaria, al tiempo que habilitan un sistema de descarte que opera en la ciudad como vía muerta. Son impiadosos.
Insisto, vacunan a los veterinarios, mientras les niegan ese derecho a los enfermos. Y ni se molestan en responder oficios, denuncias y reclamos.
Entonces el plan es inequívoco, el mensaje es feroz. Los órganos de raigambre constitucional: la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Atención Ciudadana y Documentación del Senado de la Nación, la Dirección de Orientación al Habitante, La Defensoría N°1 del Ministerio Público, se declaran incompetentes frente al Ejecutivo local, limitándose a lamentar la situación, cumpliendo con enviarle al gobierno meras expresiones de deseos; demostrando un temor reverencial frente al jefe de la ciudad. Son todos trámites burocráticos, llamadas cruzadas interminables para, finalmente, consentir la irracionalidad.
Así la democracia es el crimen perfecto y , el contexto social, un complot orientado a liquidar a los pacientes oncológicos, a los diabéticos, a los cardíacos, a los que padecen insuficiencias respiratorias, etc.
Esto sucede en la gran ciudad; en la ciudad ausente en la que la muerte es, y cubre, el rostro acabado de lo contemporáneo.
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