El Poder Ejecutivo prepara, dentro de un nuevo paquete de desregulación elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, la derogación de la Ley 25.542, que desde 2002 obliga a fijar un precio uniforme de venta al público para los libros en todo el territorio argentino.
La normativa, conocida como «Ley de Defensa de la Actividad Librera», fue sancionada en noviembre de 2001 y promulgada en enero del año siguiente. En su artículo 1, obliga a editores e importadores a fijar un precio de venta al público uniforme para todo el país, de modo que un mismo título y edición cueste igual en una cadena, un supermercado o una librería de barrio, ya sea en Buenos Aires, La Quiaca o Ushuaia.
La ley surgió como respuesta a la crisis: supermercados y cadenas ofrecían descuentos agresivos usando el libro como gancho para atraer clientes, una competencia que las librerías más pequeñas no podían sostener. Frente a eso, casi todo el sector impulsó un proyecto para fijar un precio único. El texto llegó al entonces senador radical Leopoldo Moreau, que lo llevó adelante en la Cámara Alta hasta su sanción.
El discurso del oficialismo sostiene que este proyecto busca que los libros sean más accesibles, y que, al no establecer un precio fijado, las librerías pueden competir en precio. Desregulación y libre mercado van de la mano. El ministro también argumentó que no hay evidencia internacional de que el precio fijo sea necesario para preservar la bibliodiversidad.
Sin embargo, los libreros y editores cuestionamos tanto el diagnóstico del ministro como la solución propuesta. Alejandro Katz, editor y ensayista, señaló que el margen de un librero ronda el 30-40%, y que descuentos por debajo de este porcentaje implican que alguien está perdiendo. En una entrevista a Infobae aseguró: «Si alguien baja el precio al consumidor es o porque está perdiendo plata o porque le está haciendo perder plata a otro».
Marcos Almada, de la librería La Coop, fue consultado por Ámbito Financiero y remarcó que el precio no lo fijan los libreros sino las editoriales según sus costos, y recordó que el papel es un insumo dolarizado que representa cerca de la mitad del costo de un libro. Por eso cuestionó que el Gobierno apunte a la ley del precio uniforme en lugar de mirar la concentración de la industria papelera.
Según el informe «La ley: historias», elaborado por la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) y citado por Ámbito Financiero, la experiencia del Reino Unido tras el fin del Net Book Agreement (el acuerdo que sostenía el precio fijo del libro hasta 1995) es elocuente. En 1998, las librerías independientes controlaban el 19,9% del mercado minorista; para 2007 esa participación había caído al 9,6%. En términos absolutos, más de 500 comercios independientes cerraron entre 1997 y 2009, mientras el comercio por internet, que era prácticamente inexistente en 1998 (apenas el 0,3% del mercado), trepó al 20% en 2007, y los supermercados pasaron del 4% al 11% en el mismo período.
El informe señala además lo que llama una «gran paradoja estadística»: los precios, lejos de bajar, subieron. Entre 1995 y 2007, el índice de precios de libros aumentó un 49,6%, frente a una inflación general del 27,6% en el mismo período. Es cierto que los bestsellers se abarataron de forma drástica, con descuentos de entre el 35%-40% hacia 2007. Pero el resto del catálogo se encareció.
Esta experiencia internacional aporta indicios para sospechar que la desregulación tampoco asegura la diversidad de títulos, sino que puede llevar, por el contrario, a la centralización de la producción en obras de gran tirada y alta rentabilidad.
La derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera puede provocar el cierre de librerías independientes que no podrán competir con los descuentos de las grandes cadenas y plataformas; mayor presión sobre editoriales pequeñas y medianas en un mercado cada vez más concentrado; un abaratamiento inicial que, como muestra la experiencia británica, no se sostiene en el tiempo; menor bibliodiversidad, con catálogos cada vez más volcados a los títulos de venta masiva; y un impacto desigual en el territorio, donde el cierre de la única librería de un pueblo o ciudad chica puede significar directamente la pérdida de acceso al libro.
Frente a este escenario, para nosotros la conclusión es clara: la Ley 25.542 no es una traba burocrática, sino la herramienta que sostiene un ecosistema cultural diverso y federal, y su derogación pondría en riesgo algo mucho más difícil de reconstruir que un punto porcentual de precio.